El Congreso da la bienvenida a la Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y niñas

Naciones Unidas define la violencia contra los niños y las niñas como «toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o abuso sexual».

La portavoz de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, Macarena Montesinos de Miguel junto con la portavoz adjunta de dicha comisión, María Teresa Martín Pozo y la vicepresidenta de la Comisión de Interior, Ana Belén Vázquez Blanco, serán las vocales del Grupo Parlamentario Popular de la Subcomisión para abordar el problema de la violencia contra los niños y las niñas.

La recién creada Subcomisión que se compondrá de diez miembros de los que tres pertenecerán al Grupo Parlamentario Popular, dos al Grupo Parlamentario Socialista y uno a cada uno de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), de IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda Plural, de Unión Progreso y Democracia, Vasco (EAJ-PNV) y Mixto.

En el seno de este grupo de trabajo se pondrán sobre la mesa planteamientos que serán la base del estudio sobre la situación de la violencia contra los niños y las niñas en nuestro país, que se presentará al finalizar la Subcomisión y que contendrá las conclusiones finales y recomendaciones, que orientarán las políticas destinadas a prevenir y abordar este problema.

Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar la documentación necesaria para la realización de los trabajos de la Subcomisión desde el momento de su constitución, así como las comparecencias que consideren oportunas. El mencionado informe, una vez aprobado por la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, será publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, junto con los votos particulares que formulen los Grupos Parlamentarios.

La violencia contra la infancia es injustificable
La violencia contra la infancia puede ser ejercida en diferentes ámbitos de la vida, tanto en el seno de la familia, en la escuela, en la comunidad o en los centros o instituciones encargados de la protección de los menores de edad. También puede ejercerse en el ámbito judicial o incluso por parte de los medios de comunicación y a través de las nuevas tecnologías. Es decir, toda acción u omisión que afecte de manera dañina al normal desarrollo de la infancia y a su bienestar físico y psicológico es una forma de violencia.

El Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) pide la adopción de medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas para proteger a los niños y niñas contra toda forma de violencia y abuso. Varios otros instrumentos, entre ellos los Protocolos Facultativos a la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Convención 182 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Prohibición y Acción Inmediata para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil (1999), señalan tipos concretos de violencia y explotación que requieren la adopción de medidas.

La violencia contra la infancia es injustificable. No se trata de un asunto privado, y es necesario llevarla a la atención del público. Los medios de comunicación pueden ser muy eficaces a la hora de cuestionar actitudes que condonan la violencia, y fomentar conductas y prácticas más protectoras. Pueden también ayudar a los niños y niñas a expresarse sobre la violencia.

La Ley Orgánica 1/1996 define el marco jurídico de intervención de las autoridades públicas sólo ante algunas situaciones de violencia que pueden afectar a los menores de edad en todo el Estado. Esta ley solo contempla medidas para intervenir ante la desprotección del menor de edad en situaciones de riesgo o desamparo, para las que establece una serie de actuaciones de protección que, por un lado, no siempre son adecuadas o suficientes y, por otro, no dan respuesta a todas las formas de violencia contra la infancia reconocidas en la normativa internacional.

Si bien es cierto que se han puesto en marcha importantes políticas, planes y programas como el PENIA (Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia) o el RUMI (Registro Unificado de Maltrato Infantil), estas iniciativas responden al enfoque fragmentado con que se aborda el problema, no a un objetivo común formulado a partir de un diagnóstico global del problema de la violencia contra la infancia en España.