Todos los grupos políticos que forman el Congreso de los Diputados hicieron llegar a la Presidencia de la Cámara una Declaración Institucional que se leyó finalizada la sesión plenaria correspondiente.
En ella se anunció que “Tras el compromiso adquirido el año pasado con la campaña Por Ser Niña, de Plan Internacional, para erradicar el matrimonio infantil forzado, que quedará reflejado próximamente en una Resolución de Naciones Unidas, y valorando positivamente la inclusión del matrimonio forzado como delito en la reforma del Código Penal; este Parlamento reitera su llamamiento a la comunidad internacional para incluir como una prioridad en la agenda internacional Post Objetivos Del Milenio, la erradicación de las causas que provocan que las niñas sean más vulnerables, entre ellas el matrimonio temprano, la mutilación genital femenina, el embarazo preadolescente o cualquier otra manifestación de violencia contra ellas, como la explotación, el tráfico y la trata infantil. Asimismo este Parlamento solicita que se garantice el acceso, después de la educación primaria, a, al menos, tres años más de educación gratuita y de calidad que favorezca la empleabilidad futura de los niños y especialmente de las niñas en países en desarrollo. Porque un año más de educación supone entre un 10 y un 20% más de ingresos que las niñas reinvierten al 90% en su familia. Invertir en las niñas es inteligente.”
En contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que recoge en su artículo 16 que “Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio”; los matrimonios forzados, celebrados sin el consentimiento y a pesar de la voluntad de uno de los contrayentes, constituyen una forma de maltrato que afecta a 14 millones de niñas al año y suponen una profunda vulneración de los derechos de la persona.
La portavoz adjunta del GPP, Marta Torrado, con motivo de la celebración del “Día Internacional de la Niña”, quiso dejar patente que hay mujeres que han construido una personalidad carente de derechos, que desconocen que son libres, olvidan que son las dueñas de su vida, que tienen derecho a escribir su destino y que no pueden ser privadas de la toma de decisiones acerca de su futuro.
Torrado tuvo palabras de apoyo para esas niñas que siempre fueron mujeres, esposas y madres. Niñas a las que se les ha negado cualquier oportunidad de crecer sanas y seguras, de desarrollar su propio yo, de ir a la escuela, recibir una educación y disfrutar del recreo, de conocer la calidad de esos años de la infancia.
Los Estados democráticos encuentran su fundamento en la tolerancia hacia la diversidad cultural de sus ciudadanos como titulares de derechos fundamentales. Esta tolerancia, nunca puede convertirse en indiferencia. El respeto a los derechos humanos es una frontera infranqueable, ya que, de otro modo, el Estado democrático dejaría de serlo. Por eso, en el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia se recoge el compromiso de elevar las edades mínimas para contraer matrimonio y prestar consentimiento sexual. Porque uno de los siete ejes que componen la Estrategia Nacional para la Erradicación de la Violencia de Género es la atención a otras formas de violencia, entendiendo por tales, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina y la trata con fines de explotación sexual.
Desde el ámbito de políticas de igualdad se es consciente que el reconocimiento del matrimonio forzado como un delito en nuestro ordenamiento jurídico es solo un primer paso. Por eso, queda por delante un largo camino por recorrer. Por esas mujeres y niñas todos los grupos políticos se unen, porque es necesaria la sensibilidad ciudadana y hacer visible el sufrimiento que cada una de esas niñas está padeciendo.