El Pleno de la Cámara toma posición sobre la situación que vive el país y manda un mensaje directo a la ciudadanía venezolana a través de la aprobación, por una amplia mayoría (UPyD, GPP, GPS, CIU, PNV, FORO, CC), de una iniciativa en la que se insta al Gobierno de Venezuela a respetar los "principios universales de la democracia, el Estado de derecho y los Derechos Humanos".
La enmienda transaccional aceptada por UPyD y redactada por el Grupo Parlamentario Popular (GPP), el grupo socialista y el vasco, recuerda al Gobierno de Nicolás Maduro que es su responsabilidad velar y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de Venezuela. Asimismo, solicita que éste respete los principios universales de la democracia, del Estado de derecho y de los Derechos Humanos como valores que comprometen a todos los regímenes democráticos.
El texto aprobado, en su punto quinto, realiza un llamamiento a las partes a que "muestren de forma clara en sus declaraciones y acciones, su respeto al Estado de derecho y al ejercicio pleno derecho a la libertad de expresión, de reunión y asociación de forma pacífica" como ya lo hubiera hecho unos días antes el ministro García-Margallo, a través del llamamiento a la calma y a la contención.
El diputado del GPP, Guillermo Mariscal quiso dejar patente la defensa que desde el grupo que representa se ha hecho siempre de los Derechos Humanos y de la libertad, "demostrando su compromiso con los valores democráticos y el rechazo a toda forma de violencia y de opresión contra estos principios". Además, en palabras del diputado popular, existe un poderoso vínculo histórico, lingüístico, cultural y económico, que nos une a este país, sin olvidar "el dolor de los más de 200.000 españoles que viven allí actualmente, que lo hacemos nuestro".
Por todo ello, y por el papel esencial que Venezuela representa en la política y la economía de la región y en la comunidad iberoamericana, el portavoz para Iberoamérica cree que España debe mantener una relación estrecha con el país y un diálogo crítico "que lleve al Gobierno venezolano a velar por un mayor respeto de los Derechos Humanos, a formas de gobernar no excluyentes y a un discurso de reconciliación nacional". Será necesario para ello continuar trabajando, desde el compromiso y la responsabilidad, desde los organismos regionales como CELAC o UNASUR, para propiciar una mayor estabilidad, diálogo y un resultado positivo para la convivencia de todos los venezolanos.
El país se encuentra actualmente con una población dividida y una situación económica y social preocupante, reflejada en cifras de inflación superiores al 50%, con una escasez del 28% que afecta a los alimentos básicos y a los medicamentos esenciales. Venezuela es, por tanto, y actualmente aún más si cabe, un país inseguro con datos tan alarmantes como los 25.000 homicidios cometidos en el año 2013, frente a los 5.000 asesinatos de hace quince años. Una situación que se ha visto agravada desde el pasado mes de febrero con la violencia desatada tras la convocatoria de una manifestación pacífica en la Universidad de los Andes. Desde entonces, de acuerdo con los datos aportados por el portavoz Guillermo Mariscal durante el debate, la fractura social que vive el país y los violentos acontecimientos han provocado más de 20 muertos entre los que se encuentra un ciudadano español, más de 350 heridos y más de 1.000 detenidos. "La situación es extremadamente compleja, lo que debería invitar a una mirada responsable, prudente y constructiva" remarcó el dirigente popular.
EL GPP y Grupo Parlamentario Socialista (GPS) pusieron de manifiesto su posición de manera conjunta a través de una enmienda a la Proposición no de Ley (PNL) presentada por UPyD, que incorpora la condena al uso de la violencia y la trágica pérdida de vidas humanas en las manifestaciones, subrayando la importancia del diálogo sincero e inclusivo, entre todas las fuerzas políticas del país, como respuesta a la crisis. La inclusión en el diálogo de todos los sectores servirá de vehículo de las distintas sensibilidades dentro de la institucionalidad democrática y será clave para su éxito. En su posición los grupos se remiten también al comunicado hecho público por la Comunidad de estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) el pasado 17 de febrero en Costa Rica, que solicita que se garantice el respeto a la ley, la información fidedigna y veraz, así como el pleno respeto de todos los Derechos Humanos.
Asimismo, el GPP ha querido compartir con el grupo proponente de esta iniciativa, su preocupación por el ataque que están sufriendo los medios de comunicación venezolanos, que ven coartado su derecho a la libertad de expresión. Son ya más de 78 los periodistas que han denunciado las agresiones sufridas por grupos armados. Por todo ello, el GPP ha expresado su solidaridad con los ciudadanos y ha solicitado al Gobierno venezolano mediante esta enmienda conjunta, que se garanticen las libertades de expresión asociación y manifestación.
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