Compromiso de los Gobiernos Locales del PP con las reformas

Si las últimas elecciones locales de mayo de 2011 dieron al Partido Popular una fuerza nunca antes conseguida para hacer frente a una complicada situación de crisis económica, las celebradas en noviembre ratificaron ese respaldo popular mayoritario, obteniendo el PP el Gobierno de la Nación y su Presidencia, Mariano Rajoy.

La situación encontrada, peor de la esperada, ha obligado al Gobierno a tener que adoptar unas medidas de ajuste para reducir el déficit, cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, ganar el impulso necesario para detener el avance desmedido del gasto y empezar a mejorar los índices de crecimiento que marcarán el inicio de la recuperación del terreno perdido en los años anteriores de gobierno socialista.

El papel que los entes locales pueden prestar a la sociedad, en esta complicada coyuntura, es de suma trascendencia porque sus servicios son los que se encuentra más cerca de los ciudadanos. Precisamente, para seguir manteniendo estos servicios, los ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares llevan meses ajustando los gastos a las necesidades reales. Y, por primera vez, se ven favorecidos por el esfuerzo de un Gobierno que, desde el primer momento, no ha dejado de adoptar medidas para dotar de instrumentos eficaces de gestión a las arcas locales, dentro de un programa de reformas sustanciales en la Administración.

En este sentido, es justo señalar las iniciativas llevadas a cabo por el Gobierno presidido por Mariano Rajoy

A)   Reformas que garantizan liquidez
 

1.    Diciembre 2011: medidas de orden económico y social y de corrección del déficit público.

Posibilita la aplicación de manera transitoria y excepcional durante los ejercicios 2012 y 2013 para los inmuebles urbanos de un incremento del tipo impositivo del IBI, realizado de una manera progresiva (10 por 100, 6 por 100 y 4 por cien) atendiendo a la antigüedad de la revisión catastral, y por tanto, a su adecuación al mercado. El incremento de recaudación para las entidades locales estimado es de 918 millones de euros.

2.    Adelantar en 2012 el 50% del importe estimado de las liquidaciones de la participación de los tributos del Estado (PIE) a favor de las entidades locales correspondientes al año 2010.

La aportación en euros a recibir por este concepto supone casi 1.000 millones para las arcas de los ayuntamientos en este ejercicio 2012.

3.    Aplazar hasta un máximo de 120 mensualidades, las 60 cuotas iniciales fijadas por el gobierno socialista anterior, en relación al reintegro pendiente de las liquidaciones negativas del sistema de financiación correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009 para las entidades locales que hayan remitido las liquidaciones de sus presupuestos generales correspondientes al año 2011.

Esta medida, sólo para el año 2012, va a suponer un incremento de liquidez para las entidades locales estimado en 620 millones de euros.

4.    Febrero y marzo 2012: En relación al mecanismo de financiación a las Entidades Locales para el pago a proveedores, por un importe global de 17.500 millones de euros y atendido de 9.598 millones  de euros.

Gracias al aval del Estado, las entidades locales han pagado sus deudas con los proveedores en unas condiciones mucho mejores que la que ofrece el mercado en estos momentos. Así, si comparamos la operación del plan de pago a proveedores actual con la que el gobierno socialista anterior ofreció a los ayuntamientos en el año 2011, las ventajas en términos de liquidez y facilidades de pago son evidentes.

5.    Marzo 2012: Diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit, dotando de una mayor autonomía financiera a los ayuntamientos en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

6.    Los Presupuestos Generales del Estado 2012 son un apoyo a los entes territoriales para que consoliden su garantía de cumplimiento, además de considerar a los ayuntamientos colaboradores imprescindibles para asegurar la prestación de los servicios básicos a los ciudadanos.

Con estos presupuestos, las entidades locales reciben el apoyo del Estado con una aportación total de 15.624,59 millones de euros y un incremento del 8,1% respecto a los PGE 2011, a cambio del compromiso irrenunciable de cumplimiento del objetivo de déficit.

7.    Julio de 2012: Se adoptan nuevas medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, el fomento de la competitividad y la liquidez de las administraciones públicas. En relación al RDL 20/2012, se ponen en marcha medidas de reducción de créditos y permisos sindicales, suspensión de convenios colectivos del personal laboral y supresión de días de libre disposición y adicionales por antigüedad. Además, y sólo con efectos en 2012, se suspende la paga extra de Navidad. El conjunto de estas medidas supondrá, para las entidades locales, un ahorro total de 1.176,5 millones de euros. Además, en el RDL 21/2012, en relación al sistema de prelación de pagos del Fondo de Liquidez Autonómica atribuido a las Comunidades Autónomas, se contempla el pago de transferencias a las Entidades Locales.

8.    Los Presupuestos Generales del Estado 2013 suponen un nuevo compromiso con la Administración Local. El Gobierno de España vuelve a demostrar su colaboración con la Administración más cercana al ciudadano, además de reafirmar la determinación de este nivel territorial para alcanzar el cumplimiento del objetivo de déficit ante nuestros socios europeos.

Los ingresos procedentes del sistema de financiación local crecen un 7,1% respecto a los Presupuestos Generales de 2012 y el total de las entregas a cuenta del sistema de financiación asciende a 17.008,57 millones de euros experimentando un crecimiento del 20,8%. Los recursos totales destinados a la Administración Local crecen más de un 15% respecto al último presupuesto de un gobierno socialista.

B)   Reformas que garantizan credibilidad

1.    Septiembre 2012: La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera supone una apuesta por el rigor y garantiza los esfuerzos necesarios que sustentan una sociedad del bienestar donde ningún Ayuntamiento gaste más de los que ingrese, al mismo tiempo que se intensifica la disciplina fiscal, financiera y las obligaciones de información de las administraciones territoriales.

2.    Como consecuencia de lo citado en el punto anterior, las entidades locales a través de la representación de la Federación Española de Municipios y Provincias (F.E.M.P) en la Comisión Nacional de la Administración Local (C.N.A.L) se comprometen a cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el trienio 2013-2015.

3.    La credibilidad de todos se gana cumpliendo los compromisos adquiridos. Por ello, la orden ministerial que desarrolla el procedimiento y condiciones de retención de la participación en los tributos del Estado de las entidades locales viene a avalar el cobro de las cuantías adelantadas por el Estado a las entidades locales en relación a las deudas acumuladas con sus proveedores.

4.    La garantía de una gestión basada en la responsabilidad y la lealtad queda recogida en el proyecto de Ley de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno donde se fijan los compromisos y obligaciones de los dirigentes políticos para gestionar de una forma adecuada y sostenible, las competencias que tienen en materia local, bajo los principios de sostenibilidad financiera, responsabilidad y lealtad.

C)   Reformas que garantizan sostenibilidad

La próxima reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, actualmente en proceso de elaboración y bajo el lema Una administración, una competencia, va a suponer la racionalización de la estructura organizativa y la actualización del mapa competencial local con la consiguiente eliminación de duplicidades y solapamientos. Esta reforma aportará transparencia en la actuación de los órganos locales, apoyo a los pequeños y medianos municipios desde la potenciación de las Diputaciones y sostenibilidad económica con medidas ajustadas a criterios de eficacia, eficiencia y austeridad.

D)   Reformas que garantizan la modernización en las Administraciones

1.    La extensión de las herramientas informáticas que optimicen recursos para la interconexión de los registros y la gestión de procesos y contenidos entre las diferentes administraciones territoriales supondrá una reforma estructural de calado a implantar en la estructura territorial española y, en concreto, en las entidades locales.

2.    También se hará efectiva la implantación de procesos de identificación, autentificación y verificación en actuaciones administrativas automatizadas de intercambio de información entre el Catastro y las corporaciones locales.

E)   Otras reformas

El Real Decreto-ley 19/2012, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, incorpora medidas que facilitan la actividad comercial minorista y de determinados servicios mediante la eliminación de cargas y restricciones administrativas existentes que afectan a la actividad comercial, en particular, mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal vinculadas con los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas.

Por todo ello, los miembros del Comité de Gobiernos Locales del Partido Popular, reunidos en Barcelona bajo la presidencia de nuestro presidente nacional, Mariano Rajoy, manifestamos nuestro respaldo al Gobierno en todas las medidas adoptadas de apoyo a los municipios y demás entidades locales para reducir el déficit, cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria, pagar la enorme deuda acumulada y solucionar, en definitiva, la grave crisis económica que se arrastra desde 2008, para ganar confianza, crear empleo y volver al crecimiento.

Asimismo queremos ofrecer un proyecto compartido e integrador, basado en la convivencia y en el diálogo. Reivindicar el valor fundamental de nuestra Constitución, como norma que garantiza la libertad de todos, protege la pluralidad y promueve la convivencia solidaria. Asimismo, hemos de resaltar el papel vertebrador y de cohesión que representa la suma de todos los alcaldes, alcaldesas y concejales de España para el interés general y para superar la crisis económica y ofrecer un futuro mejor a los ciudadanos sin distinción de su lugar de residencia. Juntos sumamos.