Carmen Quintanilla promueve que el Consejo de Europa vote por unanimidad un informe dirigido a las personas con discapacidad

Quintanilla ha destacado la importancia de este informe “que afectará de forma muy positiva en la vida de los alrededor de 80 millones de personas con discapacidad que viven en los 47 países miembros del Consejo de Europa y que representan a más del 10% de la población”. Personas que, según ha afirmado, “siguen enfrentándose a la discriminación y a las barreras de todo tipo que les impiden llevar una vida normal y en igualdad de condiciones y oportunidades que el resto de los ciudadanos”.

Según ha señalado la parlamentaria del GPP, en los proyectos de resolución y recomendación del informe, se insta a los Estados miembros a fomentar medidas dirigidas a promover el empleo ya que la tasa de empleo de las personas con discapacidad es del 44% frente al 75% de las personas no tienen ningún tipo de discapacidad. 

Asimismo, se insta a los Estados a poner en marcha medidas destinadas a promover otros sistemas más innovadores y ajustados a la Convención de Naciones Unidas, de acompañamiento a las personas con discapacidad, de manera que la pérdida de la capacidad jurídica sea el último recurso, así como medidas para prevenir la violencia contra los menores y mujeres con discapacidad, “que tienen entre cuatro y diez veces más probabilidad de ser víctimas de violencia que las personas sin ninguna discapacidad”.

Carmen Quintanilla ha recordado que, aunque “en los últimos años hemos avanzado mucho a nivel legislativo y existen instrumentos jurídicos internacionales y programas específicos que desarrollan y protegen los derechos de las personas con discapacidad como la Convención Europea de los Derechos del Hombre, la Carta Social Europea revisada y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la realidad es que estas personas siguen siendo invisibles para el resto de la sociedad y no son una prioridad para muchos gobiernos y por tanto, aun teniendo reconocidos sus derechos, no pueden ejercerlos porque siguen siendo víctimas de numerosas formas de discriminación”.

Para la Presidenta de la Comisión de Igualdad “la eliminación de las barreras de todo tipo, el acceso al empleo, la capacidad jurídica y la lucha contra la violencia ejercida contra las personas con discapacidad, especialmente las mujeres y los niños y jóvenes, deben ser por tanto una prioridad para los gobiernos de los Estados miembros, que deben desarrollar políticas en favor de las personas con discapacidad pero contando con ellas, nunca sin ellas, a través de la colaboración con las organizaciones y entidades de personas con discapacidad”.

Dicho informe también propone la revisión y evaluación del Plan de Acción del Consejo de Europa 2006-2015 para las Personas con Discapacidad con el fin de definir las líneas de actuación de cara a la elaboración del siguiente Plan, optimizando todos aquellos aspectos que sean susceptibles de mejora.

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