Bendodo anuncia que el PP pedirá al presidente del TC que se aparte en el caso de los ERE y recusará a otros dos magistrados

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral anuncia que el PP, como parte personada en el caso de los ERE, pedirá la abstención de tres magistrados del Tribunal Constitucional, Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer y Cándido Conde Pumpido

En concreto, el PP solicitará al presidente el TC, Cándido Conde Pumpido, que se aparte de los recursos que afecten al caso de los ERE para “garantizar la imparcialidad y velar por el correcto funcionamiento del TC”, tal y como ya hizo cuando era magistrado del Tribunal Supremo porque siendo Fiscal General del Estado participó en la tramitación del asunto

Bendodo señala que Conde Pumpido reconoció en aquél entonces “estar afectado por una causa de incompatibilidad” y con su abstención se garantizaba la imparcialidad del Tribunal Supremo. “¿Por qué se abstuvo entonces y ahora no, siendo la misma causa y los mismos condenados?”, se pregunta y responde: “La falta de congruencia es palmaria y es cuestión de números y votos”

En el caso de Inmaculada Montalbán, recuerda que fue presidenta de la sección tercera de la Sala de Contención Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) fue ponente o participó en, al menos, 22 sentencias relacionadas con los ERE

Por lo que respecta a María Luisa Balaguer, explica que la actual magistrada del TC fue consejera del Consejo Consultivo de Andalucía del 212 al 2014, ponente en 28 dictámenes que abarcaban, prácticamente, toda la casuística de los ERE. “Revisiones de oficios, subvenciones ilegales, inclusión de prejubilados en pólizas, revisión de avales al conocido fondo de reptiles”, relata

Aunque por el momento se inste a tres magistrados a apartarse de los recursos del caso, no descarta ampliarlo a los cinco miembros del TC que “tuvieron vinculación directa firmando sentencias sobre los ERE y ahora están votando a favor de exculpar a condenados”

Apunta a otro magistrado del TC, Juan Carlos Campo, que pasó de ser ministro de Justicia directamente al Tribunal Constitucional, y que fue director general de Justicia con Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía en el periodo investigado por los ERE

Además, recuerda que Campo fue también secretario general de Relaciones con el Parlamento de Andalucía en la Junta de Andalucía entre el año 2014 y 2015. “Campo emitió juicios públicos que le comprometen, como cuando expresó su perplejidad por el procesamiento de Chávez y Griñán en una entrevista en el 2016 cuando era el portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso”, señala

La quinta magistrada del TC a la que ha aludido Bendodo es María Luisa Segoviano, que como magistrada de la Sala de lo Social del TSJA firmó dos sentencias relacionadas con el caso de los ERE, concretamente el ERE de Nexpron y el ERE de SOS Cuétara

“Para que nadie tenga duda y por si alguien se le olvida, hasta 70 familiares y personas vinculadas con el Partido Socialista se beneficiaron de ayudas ilegales o de falsas prejubilaciones. Se fundieron 700 millones de euros de los parados de forma arbitraria. 20.000 euros al mes en cocaína del dinero de los parados se gastaban directivos de la Junta de Andalucía del PSOE”, subraya

Asegura que el TC “no puede convertirse es en un órgano de relectura o de segunda lectura o de revisión de las sentencias” y recuerda que más de 20 juzgados, incluida la Audiencia Provincial de Sevilla y el propio Tribunal Supremo, “confirmaron y ratificaron las sentencias a los condenados por prevaricación y malversación”

Reafirma que, “quiera o no el PSOE, el caso de los ERE es el mayor caso de corrupción de la historia de España con más de 700 millones de euros de los parados andaluces dedicados a otras cuestiones. “Más de 20 juzgados, incluida la Audiencia Provincial de Sevilla y el propio Tribunal Supremo, confirmaron y ratificaron las sentencias a los condenados por prevaricación y malversación”, enfatiza

Asegura que el PP es un partido de Estado, defiende la decisión unánime que han tomado los presidentes autonómicos del PP en la crisis migratoria de Canarias y destaca que Vox “tiene que decidir qué quiere ser, un partido para gobernar o un partido para protestar”