Arturo García-Tizón afirma que el Fiscal General del Estado representa el paradigma del sectarismo político

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso ha añadido que "su actuación para millones de españoles es todo lo contrario de lo que debe ser la actuación conforme a la Justicia, al Derecho y al interés de la Ley"

Asimismo, el portavoz del PP denunció las continuas filtraciones de los sumarios y el trato discriminatorio de la fiscalía según que los implicados en las correspondientes diligencias pertenezcan al PSOE o a otra fuerza política.

En este sentido, García-Tizón se hizo eco de la inactividad del FGE en el caso Astapa de Estepona y los contactos telefónicos habidos en este caso entre dirigentes socialistas y el Fiscal.

Durante la sesión de control al Ejecutivo celebrada en el Congreso, el portavoz adjunto del PP preguntó al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, si considera que el Fiscal General del Estado (FGE) debe estar sometido al control parlamentario.

Así, García-Tizón recordó que en esta legislatura se han producido diez peticiones de comparecencias del FGE, de las cuales tan sólo ha tenido lugar una de ellas ya que otras dos se subsumieron dentro de lo que fue la presentación de la memoria de la Fiscalía General del Estado.

El portavoz popular explicó que respecto a las siete restantes, los representantes del Grupo Parlamentario Socialista en la Mesa de la Comisión de Justicia han impedido que el FGE viniera al Congreso, "aunque el diputado del Partido Popular en la Mesa de la Comisión, José Manuel Albendea, haya reiterado en diversas ocasiones su comparecencia".

Tras la respuesta del ministro de Justicia, el portavoz adjunto del PP afirmó que, si en el momento actual hay algún órgano del Estado que necesita máximo control parlamentario es el Fiscal General del Estado, "que representa, desgraciadamente, para millones de españoles, el paradigma del sectarismo político".

Para García-Tizón, desde su nombramiento, "el FGE ha procurado convertir al ministerio Fiscal en el más fiel servidor del Gobierno socialista y del PSOE y ha intentado por todos los medios acabar con la independencia del ministerio Fiscal, como lo patentiza la política de nombramiento que ha seguido que ha seguido en función de simpatías políticas y en contra del criterio del Consejo Fiscal.