El diputado del Grupo Popular, Fernando López-Amor, aseguró hoy que “el Proyecto de Ley Orgánica por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal y solvencia punible o alzamiento de bienes, siempre que el perjudicado sea la Hacienda Pública, tiene como objetivo la lucha contra el fraude fiscal, profundizando en la transparencia de las actuaciones de las Administraciones Públicas”.
De esta manera, apuntó que se cumple el principio de transparencia con “funciones de información y elementos preventivos y educativos dirigidos a fomentar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, siendo respetuosos con el principio de reserva de ley de los datos tributarios recogido no sólo en la Ley General Tributaria, sino también en la Ley Orgánica de Protección de Datos”.
Durante el debate del dictamen de la Comisión de Hacienda sobre esta iniciativa legislativa en el Pleno del Congreso, el diputado popular explicó que “lo que el Gobierno y el GPP pretenden con esta Ley es que todos los ciudadanos y empresas paguen lo que les corresponde, en el momento que les corresponde, y que aquellos que eluden la obligación cívica de contribuir al sostenimiento de las cargas del Estado sepan que sus actos serán públicamente conocidos y tendrán que asumir el reproche social y profesional”.
Según el diputado popular, el texto “logra el equilibrio entre el interés general, contenido en el artículo 31 de la Constitución, y el privado, contenido en el artículo 18 del texto constitucional, referido a los derechos a la intimidad, al honor y a la propia imagen”.
En este sentido, remarcó que “la publicación de las sentencias es proporcionada, ya que solamente se publican las sentencias firmes por delito contra la Hacienda Pública, alzamientos de bienes e insolvencia punible, y sólo se conocerá el nombre del condenado y responsable civil, y el delito por el que se condena y la pena impuesta”.
LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE, UNA PRIORIDAD PARA EL GOBIERNO
Para el diputado del GPP, “el fraude a la Hacienda Pública es una auténtica lacra social porque ataca la sostenibilidad de los servicios públicos y dificulta rebajar la factura de los contribuyentes”.
am“Por ello, corresponde al Gobierno velar por la equidad y la justicia fiscal”, aseguró López-Amor, quien mencionó la diferente normativa aprobada por este Gobierno en materia de lucha contra el fraude fiscal, que tan buenos resultados están dando.
“Los resultados –subrayó- hablan por sí mismos, 40.000 millones de euros aflorados en lo que llevamos de legislatura, una cifra nunca antes conocida, 5.000 millones más en 6 meses menos que en la anterior legislatura socialista durante la fase expansiva de la economía, hasta el desastre final de Zapatero”. “Esta cantidad permite financiar las prestaciones por desempleo más el gasto estatal en Educación, Sanidad y Cultura de todo un año”, resaltó.
“Pagando todos, disminuiremos el esfuerzo fiscal individual y tendremos un Estado moderno, sostenible y avanzado socialmente; en definitiva, un Estado Social y democrático de Derecho”, concluyó.
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