"Los ciudadanos no están mejor atendidos contando con tres administraciones que le ofrezcan un mismo servicio a triple de coste, sino pudiendo disponer de ese servicio con la mayor calidad y con el menor gasto posible", explicó hoy Antolín Sanz, secretario general del Grupo Popular del Senado, quien esbozó el principio que ha de regir el futuro administrativo de España: "Una competencia, una administración".
Sanz se expresó en estos términos en el transcurso de una mesa redonda, titulada "Una administración moderna, eficaz y sin duplicidades", que él mismo ha moderado, esta tarde, en Zaragoza, dentro del Foro Popular Administraciones Austeras y Eficaces".
En opinión del número dos del PP en el Senado, es indudable que "uno de los grandes retos a los que España debe enfrentarse sin más tardanza es el de las reformas encaminadas a mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de nuestras administraciones públicas".
En este contexto recordó que España, gracias a la Constitución del 78, es uno de los estados más descentralizados del mundo, como demuestra que la parcela de gasto autonómico prácticamente duplica a la del Estado, al igual que sucede con la distribución del personal. Así, indicó que la descentralización, más allá de las cuestiones identitarias o políticas, debe guiarse por criterios de eficiencia y ser un instrumento para favorecer que la administración pública sirva más eficazmente a los intereses de los ciudadanos.
Según Antolín Sanz, "la descentralización debe valer para que la administración sea mejor y más barata". Para ello, consideró inexcusable que se concilien dos principios: el de autonomía de cada una de las administraciones, y el de eficiencia global del sistema. Para el dirigente del PP es evidente que "no se trata de cambiar el modelo, sino de consolidarlo. Se trata de analizar nuestro modelo territorial en términos de costes y beneficios para el interés general, de erradicar disfunciones e ineficiencias, y de mejorarlo mediante la racionalización, la cooperación, la coordinación y la eliminación de todo cuanto es superfluo, redundante y oneroso".
El secretario general del Grupo Popular del Senado explicó en su intervención que, "después de décadas de un proceso basado exclusivamente en la centrifugación competencial del Estado, es hora de que el debate político se centre en la eficiencia del sistema. En realidad, la única descentralización aún pendiente ya no es a favor de las Comunidades Autónomas, sino de las Entidades Locales, las grandes marginadas de todos estos años".
Sanz recordó el "tremendo error" que supuso la relajación de los límites de gasto y endeudamiento de las administraciones autonómicas, protagonizada por el Gobierno socialista, que cambió la Ley de estabilidad presupuestaria que dejó el PP. Por ello, se congratuló de la reciente reforma de la Constitución, "que establece expresamente unos límites de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas, y nos marca el camino a seguir en los próximos años, un camino marcado por la austeridad".
Big Bang en el sector público
Sanz cree que esta exigencia de austeridad obliga ahora a simplificar el sector público autonómico, reduciendo el número de entes y organismos públicos y dotándolo de mayor transparencia. Por ello, tras el "big bang" del sector público empresarial y fundacional de los últimos años, apostó por abrir ahora una etapa de racionalización. Y dio datos precisos sobre todo ello: En 2009 llegó a haber en España 2.012 entidades públicas dependientes de los gobiernos autonómicos, tras haber crecido su cifra un 28,6% desde 2003. De éstas, por ejemplo, el 20% (409) eran fundaciones y el 26,8% (539), sociedades mercantiles. Tan sólo en Cataluña, 335. Y en Andalucía, 317.
Así las cosas, el dirigente del PP señaló que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP "ya han iniciado la necesaria simplificación, pero aún hay mucho por hacer, porque la deuda de las empresas públicas autonómicas, no incluida en la cifra oficial de deuda, aún ha seguido creciendo un 8% en el segundo trimestre de este año, en tasa interanual, con un total de 16.300 millones de euros, el 1,5% del PIB nacional".
Sanz cuestionó que las CCAA cuenten, cada una, con su propio tribunal de la competencia, instituto estadístico, meteorológico, agencia de protección de datos o su red de oficinas en el extranjero, repitiendo entre ellas lo que ya tiene el propio Estado. También lamentó, en un momento en el que es evidente que son precisas reformas para ganar competitividad, las disparidades en cuanto a legislación sobre horarios comerciales, requisitos administrativos para la apertura de una empresa o regímenes fiscales.
Respecto a las Entidades Locales, de las que dijo que son la gran asignatura pendiente de las administraciones públicas españolas, abogó porque, legislativamente, se concrete un núcleo claro de competencias propias y de funciones delegadas por otras administraciones en razón de su mayor cercanía al ciudadano y menor coste de prestación de los servicios. Ello en paralelo al establecimiento de un sistema de financiación local que sirva de soporte eficaz a la prestación de estos servicios.
Cooperación y coordinación
Antolín Sanz ensalzó, a la hora de eliminar duplicidades y disfunciones en nuestras administraciones, el valor de la coordinación y la cooperación. Y recordó la existencia del "congelado" artículo 150.3 de la Constitución, que es el que establece que el Estado puede dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas.
El dirigente popular lamentó que después de tres décadas de Estado autonómico, "la vía cooperativa entre administraciones aún permanezca prácticamente intransitada". Por ello, propuso nuevas y más imaginativas medidas, como poner en marcha centrales de compras, incluso entre Administraciones Públicas de diferente ámbito, para conseguir mejores precios de suministros, o fomentar la cooperación intermunicipal de servicios, para reducir así costes. Para el Senado propuso el papel de soporte e impulsor político de la cooperación multilateral directa entre administraciones. "El Senado bien podría ser ese órgano permanente donde representantes de las distintas Comunidades Autónomas y Entidades Locales compartieran experiencias, evaluaran su gestión según indicadores comunes y contribuyeran así a armonizar las distintas partes del sistema", propuso.
Intervención íntegra en video:
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