La dirigente popular ha calificado de "frivolidad antisocial" que el Gobierno se haya gastado casi 6 millones de euros en regalar receptores de TDT no accesibles para quienes padecen discapacidad, y "no haya dedicado ni un solo euro a investigación para software accesibles".
En este sentido, Ana Mato ha anunciado que el Partido Popular promoverá iniciativas políticas y parlamentarias para resolver este problema cuanto antes, ya que falta menos de un año para que desaparezca la televisión analógica en España.
Por otro lado, Mato, que se ha reunido con el presidente del CERMI, Luis Cayó, ha coincidido con él en defender que se dé prioridad al desarrollo de la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal, aprobada en 2003 a iniciativa del PP, en lo relativo a la participación de las personas con discapacidad en los procesos electorales.
Así, Ana Mato ha exigido al Gobierno que "desbloquee el desarrollo de esta Ley para facilitar la plena participación de este importante sector social en las próximas convocatorias electorales".
Además, durante la reunión, se ha abordado la negativa evolución que están teniendo los centros especiales de empleo, como consecuencia de la crisis económica. En este sentido, la dirigente popular ha trasladado el presidente del CERMI que el PP ha promovido las oportunas iniciativas parlamentarias para corregir esta situación, a través de enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados al Proyecto de Ley de Protección por Desempleo y Fomento del Empleo.
La familia, la gran ignorada en la Ley de Dependencia
En cuanto a la Ley de Dependencia, Ana Mato ha señalado que "las familias son las grandes ignoradas por esta Ley". Según Mato, se debería "reconocer una mayor capacidad de elección de las personas dependientes y de sus familias a la hora de optar por las prestaciones y servicios que sean más adecuados para atender sus problemas y necesidades".
Finalmente, la dirigente popular ha criticado la falta de iniciativas del Gobierno para preparar la revisión de la Ley de Dependencia que, por mandato legal, debería efectuarse en 2010; y ha anunciado que el PP presentará una batería de preguntas parlamentarias ante los incumplimientos del Gobierno, que están poniendo en grave riesgo el futuro del sistema de atención a la dependencia.
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