El PP desmonta todas las mentiras de Illa en el Senado

En la Comisión de investigación por el caso Koldo, en la que ha comparecido Salvador Illa

Logo PP Senado
Logo PP Senado

Luis Santamaría asegura que “Illa ha faltado a la verdad, tanto en el Congreso como en el Senado, y lo que califica como incidentes son decisiones negligentes y ese es un pésimo aval para presentarse a las elecciones”

“¿Señor Illa me equivoco si digo que lo que para usted son simples incidentes en realidad son decisiones equivocadas por negligencia o incompetencia?”, pregunta Santamaría 

Alfonso Serrano afirma que “ha quedado demostrado que Illa impidió a las CC.AA. comprar material sanitario y obligó a los proveedores a no vender y, en ese circuito de monopolio, es donde creció la trama Koldo”. 

Serrano muestra una comunicación del responsable del INGESA a uno de los proveedores en la que dice que sólo se contrate con el Ministerio de Sanidad

El portavoz de la Comisión de investigación del caso Koldo, Luis Santamaría y el senador por Madrid, Alfonso Serrano, desmontan las “mentiras de Illa” en la Comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. 

Santamaría asegura que “Illa ha faltado a la verdad, tanto en el Congreso como en el Senado, y lo que califica como incidentes son decisiones negligentes y ese es un pésimo aval para presentarse a las elecciones”. 

El portavoz popular recalca que, el lunes al ser preguntado en el Congreso de los Diputados por Soluciones de Gestión, Illa sostuvo “no haber contratado nada con esta empresa”, pero sin embargo “le adjudicó dos lotes -el ocho y el nueve-, en el contrato más importante de la historia de la sanidad española por 2.580 millones de euros”.

“La realidad es que se le adjudicó dos lotes a la empresa Soluciones de Gestión; en conclusión, su Ministerio lo que hizo en realidad es avalar a una empresa cuya solvencia fue los contratos fraudulentos que se firmaron con Puertos de Estado, con ADIF, y con los gobierno del PSOE de Baleares y Canarias”.

El senador del PP ofrece y muestra en Comisión una copia del contrato, con el logo del Ministerio y la firma del responsable del INGESA. “Luego, podemos concluir que si contrató con Soluciones de Gestión”. 

“¿Cuáles fueron las razones por las que decidieron invitar a la empresa del señor Koldo?”, pregunta Santamaría, tras lo que añade que lo cierto es que “Soluciones era una empresa sin actividad que estuvo hasta el 2018 encargada del mantenimiento de una barcaza en la que había una central térmica en Angola” y que “esa era toda su experiencia en materia sanitaria hasta los contratos fraudulentos”. 

Santamaría recuerda que el pliego decía que, para acreditar la solvencia, la empresa debía presentar un resultado en las cuentas anuales por un importe en ambos lotes de 11´4 millones de euros. Y Soluciones de Gestión sólo podía acreditar dicha solvencia sobre la base de los contratos fraudulentos adjudicados por el Ministerio de Transportes. 

Luis Santamaría recalca sobre el Acuerdo Marco, que el Tribunal de Cuentas “cuestionó que se usara el procedimiento de emergencia, cuestionó que la tramitación durara seis meses, cuestionó que se usara la fórmula del negociado, que permitió que entrara Koldo con la contratación, cuestionó que se hicieran 81 modificaciones en el contrato, cuestionó que se publicara tarde en el BOE, cuestionó su ejecución, el 0´9%, y cuestionó también sus precios”. 

“¿Señor Illa me equivoco si digo que lo que para usted son simples incidentes en realidad son decisiones equivocadas por negligencia o incompetencia?”, pregunta Luis Santamaría, tras lo que señala que “aquí se dice que el 3% de la contratación son incidentes y no insinúo nada”.

Denuncia que, para el Gobierno, “estos errores que cometieron, estos pequeños incidentes –como los ha definido Illa- se tradujeron en la compra de material defectuoso, en que no se hicieron en el reembolso de las cantidades de esta empresa contratada, el suministro de respiradores con la empresa dedicada a la fabricación del yeso o adjudicaron 146 millones a empresas de bebidas”.

EL GOBIERNO IMPIDIÓ LA LLEGADA DE MATERIAL SANITARIO

Por su parte, el senador por Madrid, Alfonso Serrano, recalca que “ha quedado demostrado que el Gobierno de Pedro Sánchez, con Illa al frente, impidió a las CC.AA. en los peores momentos de la pandemia a comprar material sanitario y obligó a los proveedores a no vender a las empresas para que el Gobierno tuviese el monopolio y, en ese circuito de monopolio, es donde creció la trama Koldo”. 

Así se ha expresado al concluir la comparecencia del ex ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la Comisión de investigación por el caso Koldo, y añade que “hemos demostrado que teníamos un ministro de Sanidad que no solo firmaba estados de alarma inconstitucionales, sino que impidió el trabajo a las CC.AA. y mintió a todos los españoles”. 

Durante su intervención en la Comisión, el senador del PP ha puesto de manifiesto que durante la pandemia se constató este hecho, tal y como ocurrió en una reunión que mantuvo la Agencia del Medicamento con los proveedores el 2 de marzo de 2020. 

Según una información que ha hecho pública Serrano, la reunión fue para coordinar y gestionar de manera controlada el abastecimiento. Los requerimientos que se hicieron desde la Agencia del Medicamento fueron los siguientes: Queda prohibida la exportación del material y solo se suministrarán mascarillas a un único cliente, INGESA. “No se suministrarán a ningún hospital, farmacias y distribuidoras. Se encargarán desde el Ministerio de comunicar a los hospitales que cesen las llamadas a los fabricantes y los distribuidores”.

“Lo que dicen las empresas que se reunieron con ustedes es que les obligaban solo a venderles a ustedes impidiendo, por tanto, venderles el material tan necesario a las CC.AA.”, denuncia Serrano, a la vez que puntualiza que “encima el material no llegaba”. 

Además de demostrar esta situación, el dirigente del PP pone el foco en Alfonso Jiménez Palacio, el director de INGESA, quien envió un correo electrónico a los proveedores de material sanitario para afirmar que la compra del Gobierno era “prioritaria” sobre cualquier otra, incluso sobre los centros sanitarios de salud.