El senador popular, Alejandro Muñoz-Alons, defiende el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y exige que se ponga fin a la sistemática violación de los derechos humanos.
El portavoz de Exteriores del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, Alejandro Muñoz-Alonso, ha conseguido, tras el debate y votación de una moción del Partido Popular, que todos los grupos de la Cámara Alta condenen con firmeza los violentos incidentes que se produjeron en el Sahara Occidental, tanto en el campamento de Agdain Izik cuando estaba siendo desmantelado, como en la ciudad de El Aaiún.
La iniciativa del PP, que fue aprobada por unanimidad, tras ser transaccionado el primer punto de la moción, también insta al Gobierno de Zapatero a promover la modificación del mandato de MINURSO, con el objetivo de que tenga competencias plenas en el ámbito de los derechos humanos y así pueda poner fin a su sistemática violación.
Además, solicita que se pueda iniciar una investigación independiente que aclare los hechos ocurridos en El Aaiún, así como la muerte del saharaui de nacionalidad española, Baby Hamday Buyema.
Otro de los puntos de la moción del PP aprobada esta tarde en el Senado, exige que se garantice la libre circulación de los representantes de todos los medios de comunicación y el pleno ejercicio de sus actividades periodísticas.
Así, Muñoz-Alonso ha destacado las responsabilidades históricas, morales y jurídicas de España respecto al Sahara Occidental, en vías de descolonización desde hace 35 años, por lo que, en su opinión, "las instituciones democráticas españolas no se pueden sumar a la pasividad, apaciguamiento y connivencia con el Reino de Marruecos".
Según el portavoz de Exteriores del PP, "no se puede aceptar que las relaciones con Marruecos se usen como pretexto para encubrir y silenciar unos hechos que desafían y conculcan los más elementales derechos humanos", aunque ha reconocido que era necesario valorar la importancia estratégica de Marruecos para España.
Por último, Alejandro Muñoz-Alonso ha afirmado que el Gobierno de Zapatero "no puede esgrimir la defensa de los intereses españoles como excusa o pretexto para adoptar un silencio cómplice ante las graves violaciones de los derechos humanos en el Sahara Occidental".