El GPP saca adelante su plan de apoyo a la industria electrointensiva pese al rechazo de PSOE y Sumar

El portavoz de Industria, Francisco Conde, celebra la aprobación de la iniciativa del Grupo Popular que exige al Gobierno dedicar el 25% de los ingresos de CO2 para que las empresas electrointensivas dispongan de un precio estable y competitivo

Dicha propuesta reclama también al Ejecutivo aprobar, con carácter inmediato, un marco de suministro eléctrico competitivo, estable y predecible para dicha industria, así como modificar el Estatuto de los consumidores para que las empresas españolas compitan en igualdad de condiciones que las europeas

Plantea mecanismos para reducir el precio eléctrico de la industria, mantener de manera permanente la bonificación de peajes del 80 % y activar las subastas de energía de fuentes renovables específicas

Denuncia que el Gobierno discrimina al sector y que “la política industrial ha ido de más a menos, lo cual es francamente preocupante”. “La política energética de este país es un ‘no’ al empleo, a la captación de inversiones y a la competitividad de nuestras empresas”, subraya

Destaca que el precio final que asume esta industria en España es tres veces superior al de Francia o Alemania y critica la incapacidad del Gobierno para establecer un precio estable y competitivo tres años después de aprobarse el Decreto sobre el Estatuto de consumidores

Resalta que la escalada de los precios energéticos ha conducido a estas empresas a una pérdida de competitividad, que se traduce en recortes en la producción o en su deslocalización hacia otros países

Resalta que empresas significativas como Alcoa, en la Mariña lucense, está amenazada con un posible cierre; Arcelor, en Asturias, ha decidido no acometer la inversión prevista, aún con una ayuda de 450 millones; o que Ferroglobe, en Cantabria y Galicia, han tenido que desviar su producción a otros países