Dolores Alba: “El PP está firmemente comprometido con las políticas sociales, especialmente con la discapacidad y dependencia”

En la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales

La portavoz adjunta de Políticas Integrales para la Discapacidad, Dolores Alba, ha señalado que el Grupo Popularestá firmemente comprometido con las políticas sociales, especialmente con aquellas relacionadas con la discapacidad y dependencia”. 

Durante la defensa de la Proposición no de Ley del Grupo Popular sobre la atribución a la jurisdicción social de las controversias judiciales sobre la autonomía personal y dependencia la portavoz del PP ha explicado que la iniciativa que se debate en esta Comisión “se refiere a una cuestión que era una previsión legal y una de las reivindicaciones que CERMI nos hizo llegar a todos los grupos a principios de legislatura”. 

Así, Alba ha señalado que los motivos por los que se trae ahora esta PNL es porque “la Ley reguladora de la jurisdicción social preveía que la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como las materias comprendidas en la Ley de Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en situación de dependencia se equipararan a las cuestiones litigiosas relativas a las prestaciones de SS, y fueran atribuidas a la jurisdicción que regula”. 

“Sin embargo”, ha recordado la dirigente del PP “también previó que ello tendría lugar tres años después de la entrada en vigor de la Ley, plazo que fue prorrogado seis meses más, y que venía a coincidir con el calendario de implantación de la ley 39/2006, de modo que, una vez cumplidas las previsiones e incorporadas al sistema todas las personas valoradas, quedase garantizada la seguridad jurídica para los ciudadanos en el momento de interposición de las reclamaciones contra las resoluciones definitivas, al atribuirse a un único y mismo orden jurisdiccional el conocimiento de las cuestiones litigiosas en materia de dependencia”. 

En este sentido, Dolores Alba ha destacado que “el fundamento de esta demora es claro, y queda patente a la vista de las cifras en materia de dependencia: a 31 de enero de 2017 hay 873.706 personas beneficiarias con prestación efectiva, de las cuales 685.027 se han incorporado desde enero de 2012”. “Es decir, que el 78% de los beneficiarios con prestación se han incorporado con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Jurisdicción Social”, ha asegurado. 

Respecto a las personas dependientes de Grado I, en julio de 2015, la portavoz del PP ha puesto de manifiesto que “la cobertura sólo alcanzaba al 14% del total de personas dependientes con ese grado, mientras que, en enero de 2017, la cobertura llega ya al 44%”. 

“YA SE HAN CUMPLIDO LAS CONDICIONES QUE LA PROPIA LEY DE JURISDICCIÓN PREVEÍA”

“Ya se han cumplido las condiciones que la propia Ley de Jurisdicción preveía, ha transcurrido el plazo previsto en la Disposición Final Séptima Ley 36/11 y están desapareciendo paulatinamente los motivos que aconsejaron el aplazamiento”, ha afirmado Alba. 

A su juicio, “dado que la reivindicación viene del mundo de la discapacidad, esperamos la unanimidad de todos los grupos”. 

Por otra parte, la portavoz del PP ha considerado que “se nos podría decir que el cumplimiento de esta previsión legal podría suponer un incremento de la carga de trabajo de los órganos judiciales sociales, sin que dicho aumento de carga de trabajo viniera acompañado de medios materiales y humanos, pero esto no es así”. 

Finalmente, Dolores Alba ha instado al resto de grupos que “dejen fuera de este debate posturas partidistas” y le ha pedido “aunar nuestro voto para situar al ciudadano en el centro de la acción parlamentaria”.