El Constitucional da la razón al PP

El Tribunal Constitucional da la razón al PP al modificar 15 artículos y cuestionar otros 35 del Estatut catalán:

• Carece de eficacia jurídica la declaración de que Cataluña es una nación.
• Los ciudadanos no pueden ser impedidos de usar el castellano en las relaciones con la Administración.
• La Generalitat no puede estar por encima del gobierno en las competencias compartidas.
• Cataluña no puede tener un poder judicial propio ni romper el principio de solidaridad fiscal entre las comunidades autónomas.

Tener un Estatut constitucional permitirá a Cataluña desarrollar el marco autonómico en el ámbito del estado de Derecho.

El gobierno de Zapatero miente sobre la sentencia

El gobierno socialista dice que el Constitucional les ha dado la razón, cuando:

• La realidad es que el Tribunal ha declarado inconstitucional el Estatut en 15 artículos y ha condicionado otros 35 a la interpretación de la sentencia.
• Un solo artículo inconstitucional ya hubiera justificado el recurso del PP: pero han sido 50 los artículos afectados.

El PSOE intenta engañar a los ciudadanos con su doble discurso en Madrid y Barcelona:

• En Cataluña, alientan las manifestaciones callejeras contra la sentencia.
• En Madrid afirman que la sentencia les da la razón.

La demagogia y la improvisación de Zapatero ha provocado una polémica que no soluciona los problemas reales de los catalanes.

• En los 4 años que el PSOE ha estado pendiente de la sentencia del Estatut:
  • Más de 400.000 catalanes han perdido su empleo.
  • Más de 10.000 sociedades mercantiles se han disuelto.
• Ahora más que nunca los esfuerzos de los partidos políticos en Cataluña deben dirigirse a reactivar la economía y crear empleo.

Una huelga salvaje deja a Madrid sin Metro

Es una huelga ilegal: porque los sindicatos incumplen los servicios mínimos.
Es una huelga salvaje: porque los piquetes han impedido que los trenes salieran de las cabeceras de las estaciones.
Es una huelga insolidaria: porque el recorte del sueldo de los empleados de Metro es menos de la mitad (2%) que el del resto de funcionarios (5%).

La huelga salvaje e ilegal perjudica a dos millones de ciudadanos que también sufren la crisis y colapsan la actividad económica de la ciudad.